SCJN ordena juzgar desapariciones de mujeres defensoras con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica al establecer que los jueces federales y estatales tienen la obligación legal de juzgar los casos de desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos bajo un enfoque de género e interseccionalidad. La sentencia determina que esta metodología no constituye una opción procesal para los impartidores de justicia, sino un mandato constitucional indispensable para garantizar el acceso a la verdad y la justicia en el sistema penal mexicano.

La decisión surge tras la revisión de diversos recursos legales sobre la falta de diligencia en las investigaciones de mujeres que fueron víctimas de desaparición mientras realizaban labores de activismo en sus comunidades. Según la Corte, el análisis interseccional es fundamental para comprender que la labor de defensa expone a estas mujeres a riesgos específicos y diferenciados que deben ser tomados en cuenta por las fiscalías y los jueces durante la integración de las carpetas de investigación.

Los ministros subrayaron que omitir la perspectiva de género en estos expedientes revictimiza a las familias y perpetúa la impunidad al invisibilizar los motivos detrás de las desapariciones. La resolución exige que las autoridades consideren las condiciones de vulnerabilidad, las dinámicas de poder y las estructuras sociales que rodean la labor de las defensoras, evitando que los casos sean tratados como desapariciones genéricas o aisladas de su contexto sociopolítico.

Con este fallo, la SCJN marca una línea jurisprudencial que obliga a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales a reorientar sus protocolos de búsqueda y judicialización. Las autoridades deberán demostrar que, en cada etapa del proceso, se evaluaron los factores de género que pudieron incidir en el riesgo y la posterior comisión del delito, garantizando así una investigación exhaustiva y adecuada a los estándares internacionales de derechos humanos.

Esta determinación impacta directamente en la forma en que los tribunales deberán valorar las pruebas y los testimonios en casos futuros. Se espera que la implementación de esta obligatoriedad reduzca las brechas de impunidad que han caracterizado la atención de estos casos en diversas entidades federativas, fortaleciendo la protección de quienes trabajan en la defensa de los derechos fundamentales en el país.