PVEM propone que el INEGI evalúe políticas públicas para la niñez

La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República presentó una iniciativa formal para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La propuesta busca que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asuma facultades permanentes para medir y evaluar el impacto de las políticas públicas enfocadas en la protección y desarrollo de los menores de edad en el país.

El grupo parlamentario argumenta que la actual dispersión de datos impide conocer con precisión el alcance de los programas gubernamentales. Al otorgar esta responsabilidad al INEGI, los legisladores pretenden establecer un sistema estandarizado de indicadores que permita identificar carencias en salud, educación y bienestar social de manera objetiva y técnica, separando la medición de las evaluaciones administrativas internas de las dependencias encargadas de ejecutarlos.

La iniciativa sugiere que el instituto participe activamente en la consolidación de una base de información estadística oficial sobre la niñez mexicana. Esta medida busca que el Estado mexicano cuente con herramientas de diagnóstico más sólidas para la toma de decisiones presupuestales y el diseño de estrategias interinstitucionales que involucren a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública.

De aprobarse esta reforma, el INEGI integraría la evaluación de la infancia dentro de sus funciones de generación de información nacional, lo que obligaría a las autoridades a reportar indicadores bajo metodologías rigurosas. Según el equipo legislativo del partido, el objetivo es garantizar que cada peso invertido en la infancia tenga un impacto verificable y mejorar la transparencia en el ejercicio del gasto público destinado a este sector de la población.

La propuesta fue turnada a las comisiones correspondientes del Senado para su análisis y dictaminación. En los próximos meses, los legisladores deberán discutir la viabilidad operativa de esta encomienda para el organismo estadístico y determinar los mecanismos de coordinación necesarios con otras instituciones del Estado mexicano.