Partidos políticos mantienen resistencia ante la obligatoriedad de elecciones primarias
Legisladores y actores políticos ven poco probable que el sistema electoral mexicano transite hacia procesos de selección de candidatos obligatorios por vía primaria.

La posibilidad de reformar la legislación electoral mexicana para obligar a los partidos políticos a seleccionar a sus candidatos mediante elecciones primarias, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), enfrenta un escenario de resistencia política generalizada este miércoles en el Congreso de la Unión. Diversas fracciones parlamentarias han manifestado que, bajo las condiciones actuales, los costos operativos y la complejidad logística de organizar procesos internos bajo la supervisión de la autoridad electoral resultan inviables para el sistema democrático nacional.
Aunque diversos sectores de la sociedad civil han propuesto que los partidos deban democratizar sus procesos internos para evitar la designación directa por parte de las cúpulas, los líderes de las principales fuerzas políticas argumentan que esto vulneraría la libertad de autoorganización de los institutos. Los grupos parlamentarios sostienen que cada partido debe mantener autonomía para definir sus métodos de selección, ya sea mediante encuestas, convenciones de delegados o consultas directas a sus militantes.
Expertos en derecho electoral señalan que, si bien la idea de las primarias ha sido planteada en diversos foros de discusión, no existe un consenso sólido entre los legisladores para avanzar en una reforma de gran calado que modifique la estructura actual. El debate se centra en la dificultad de implementar un mecanismo uniforme que garantice la equidad sin interferir en la vida interna de las organizaciones políticas, un tema que ha sido objeto de constantes litigios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En este contexto, el INE ha reiterado que cualquier mandato adicional para organizar elecciones internas requeriría una suficiencia presupuestaria y una reconfiguración de sus facultades legales, las cuales actualmente se limitan a la fiscalización y organización de los comicios constitucionales. Por el momento, la discusión permanece en el ámbito de las propuestas legislativas sin que se vislumbren acuerdos inmediatos para transformar el modelo de selección de perfiles en México.
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