Mercado ilícito de tabaco impacta recaudación fiscal mexicana en 2026

El mercado de tabaco ilegal en México continúa representando un desafío crítico para las finanzas públicas, con estimaciones que sitúan las pérdidas para el erario en cerca de 35,000 millones de pesos anuales. Este fenómeno persiste a pesar de los constantes ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), una medida que, según especialistas, no ha logrado frenar la expansión de canales de comercialización no regulados en el país.

Investigadores del Colegio de México han advertido que el crimen organizado ha perfeccionado una estrategia mixta para evadir el control estatal. Este modelo operativo combina el contrabando sistemático de productos extranjeros con la fabricación local de cigarrillos en instalaciones clandestinas, lo que genera una competencia asimétrica que desplaza a los productores formales que cumplen con todas las obligaciones tributarias y sanitarias ante el SAT y la Secretaría de Salud.

La estructura de este mercado ilícito se apoya en redes de distribución que operan en mercados públicos y puntos de venta informales, aprovechando la falta de supervisión en diversas regiones. La estrategia delictiva permite que los productos apócrifos se comercialicen a precios significativamente menores, lo que incentiva el consumo de mercancías que carecen de controles de calidad y que representan un riesgo sanitario adicional para la población mexicana.

Ante este panorama, las autoridades federales enfrentan la presión de fortalecer las acciones de vigilancia en aduanas y puntos de internación. La coordinación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las corporaciones de seguridad se vuelve indispensable para desarticular las cadenas de suministro que alimentan este mercado negro, el cual no solo afecta la recaudación fiscal, sino que también vulnera el marco regulatorio del comercio exterior en México.

Expertos sugieren que la solución requiere un enfoque integral que trascienda el ajuste impositivo, integrando políticas de inteligencia financiera y un control más estricto sobre las materias primas utilizadas en la fabricación ilegal. Hasta el momento, el impacto económico sigue erosionando la capacidad de captación del Estado, manteniendo un margen de maniobra limitado para las políticas públicas que dependen directamente de estos ingresos tributarios.