La paridad de género en México ante el reto de la representatividad

La paridad de género en México ha pasado de ser una exigencia histórica a un pilar normativo consolidado en la estructura del Estado. A cincuenta años de los eventos de 1976, que marcaron un punto de inflexión en la memoria política nacional, el Congreso de la Unión y los congresos locales operan bajo reglas que obligan la alternancia y la integración igualitaria en las candidaturas. Este marco legal, supervisado por el Instituto Nacional Electoral, busca transformar la composición de las cámaras para reflejar la demografía del país, lejos de las estructuras cerradas del pasado.

Sin embargo, analistas políticos y colectivos advierten que la paridad, al convertirse en un mandato institucional, enfrenta el riesgo de transformarse en un fetiche procedimental. Aunque las curules están ocupadas por mujeres, la capacidad de incidencia real en la toma de decisiones y la autonomía frente a las cúpulas partidistas siguen siendo temas de debate público. La paridad cuantitativa no ha garantizado, por sí misma, que las agendas de género logren permear en las prioridades presupuestales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En la actualidad, la discusión se traslada hacia la calidad de la representación y la violencia política en razón de género que aún persiste en el ámbito municipal. Mientras que las cuotas aseguraron el acceso, el reto actual reside en consolidar trayectorias profesionales que no dependan exclusivamente de la paridad como mecanismo de entrada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación continúa resolviendo controversias relacionadas con el cumplimiento efectivo de estas normas en las elecciones estatales.

De cara a los próximos ciclos electorales, diversas organizaciones civiles proponen fortalecer la fiscalización del uso de recursos públicos para la capacitación de liderazgos femeninos. Se busca que la paridad sea una herramienta de democratización profunda y no solo una estadística de cumplimiento frente a los organismos electorales. El desafío es transitar de la paridad en la postulación a la paridad en el ejercicio del poder público y la gobernanza.