Hacienda endurece controles contra lavado de dinero para actividades vulnerables

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formalizó este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una serie de nuevas disposiciones normativas destinadas a fortalecer la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México. Esta actualización regulatoria impacta directamente a los sujetos obligados que realizan actividades catalogadas como vulnerables, estableciendo estándares más estrictos para el reporte y vigilancia de transacciones financieras.

El núcleo de esta medida radica en la exigencia de implementar sistemas de monitoreo de operaciones de riesgo en tiempo real. Con este mecanismo, las empresas y personas físicas sujetas a la Ley Antilavado deberán identificar patrones inusuales o comportamientos financieros que se alejen de los perfiles transaccionales habituales de sus clientes, permitiendo una capacidad de respuesta inmediata ante posibles alertas de seguridad financiera.

Adicionalmente, el marco normativo establece la obligatoriedad de realizar una auditoría anual externa. Este ejercicio de revisión tiene como propósito verificar que los procedimientos de cumplimiento interno estén alineados con las disposiciones vigentes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), asegurando que las empresas mantengan expedientes actualizados y controles de debida diligencia robustos frente a cualquier intento de vulneración del sistema financiero nacional.

Fuentes de la SHCP indicaron que estas acciones responden a la necesidad de homologar la legislación mexicana con los estándares internacionales de transparencia y combate a la delincuencia financiera. Se busca reducir el margen de maniobra de actores que pretenden ingresar recursos de origen incierto al sistema económico formal, fortaleciendo así la integridad de los diversos sectores comerciales que operan en el país.

Los sujetos obligados deberán iniciar la adaptación de sus manuales de cumplimiento y sistemas tecnológicos de manera inmediata para cumplir con los plazos de implementación gradual que marca la resolución. La autoridad hacendaria mantendrá esquemas de supervisión para asegurar el correcto seguimiento de las nuevas reglas, subrayando que el incumplimiento derivará en las sanciones administrativas y penales previstas en el marco jurídico nacional.