Gobierno de Estados Unidos reporta 380 mil detenciones migratorias desde enero 2025

El gobierno de Estados Unidos informó este jueves que las autoridades migratorias han realizado cerca de 380 mil detenciones de personas en situación irregular desde enero de 2025. La cifra fue presentada por el titular de la agencia migratoria ante el Congreso de la Unión estadounidense, durante una comparecencia enfocada en los resultados de la actual estrategia de control fronterizo aplicada por la administración del presidente Donald Trump.

Durante su exposición ante los legisladores, el funcionario detalló que entre las personas aseguradas se encuentran más de 7 mil individuos señalados como presuntos integrantes de organizaciones criminales y pandillas transnacionales. Estas detenciones forman parte de un despliegue operativo intensificado que busca reducir los cruces no autorizados a lo largo de la frontera con México, enfatizando la detección de sujetos con antecedentes delictivos.

El reporte oficial destaca que las acciones de vigilancia se han mantenido constantes en los últimos meses, movilizando recursos federales adicionales hacia las zonas de mayor tránsito. Según los datos expuestos, el proceso de identificación y procesamiento de los migrantes ha derivado en la apertura de expedientes judiciales para quienes cuentan con órdenes de aprehensión pendientes en sus países de origen o dentro del territorio estadounidense.

Ante esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México se mantiene en comunicación constante con las autoridades consulares en Estados Unidos para garantizar el respeto a los derechos humanos de los connacionales. El gobierno mexicano ha reiterado la importancia de mantener canales de diálogo diplomático para atender la situación migratoria de manera ordenada, segura y bajo el marco del derecho internacional vigente.

La administración estadounidense ha señalado que el incremento en las cifras de detención responde a una política de endurecimiento en los controles fronterizos. Mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por las condiciones en los centros de procesamiento, instando a que los protocolos de atención médica y legal sigan siendo una prioridad en la gestión de las personas aseguradas.