Frayba acusa a alcaldesa de San Cristóbal por desalojo de familia tsotsil

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció públicamente este lunes que la administración municipal de San Cristóbal de Las Casas, encabezada por la alcaldesa en turno, ha vulnerado los derechos fundamentales de una familia de origen tsotsil. Según la organización, las autoridades locales habrían ejecutado acciones de desalojo y hostigamiento contra los afectados bajo el argumento de priorizar intereses comerciales sobre la posesión legítima de tierras en la zona. Este conflicto se ha intensificado en los últimos días, provocando una movilización de organismos civiles que exigen el respeto al debido proceso y a la integridad de los integrantes de la familia desplazada.

La organización defensora de derechos humanos señaló que las medidas tomadas por el gobierno municipal carecen de sustento legal adecuado y pasan por alto los tratados internacionales que protegen a los pueblos indígenas. De acuerdo con el reporte del Frayba, la presión ejercida por la alcaldía busca la liberación de espacios urbanos con fines de desarrollo económico, ignorando el impacto social y el arraigo cultural de las personas afectadas. Los representantes de la familia tsotsil han manifestado su preocupación ante la falta de diálogo por parte de las autoridades municipales, quienes, según los defensores, han optado por el uso de la fuerza pública en lugar de soluciones consensuadas.

En respuesta a estas acusaciones, fuentes cercanas a la presidencia municipal indicaron que el gobierno local sostiene que sus acciones se enmarcan dentro de los programas de ordenamiento territorial y recuperación de espacios públicos. Sin embargo, los colectivos sociales han advertido que cualquier intervención debe garantizar primero la seguridad física y jurídica de los habitantes originarios. La situación permanece bajo observación de diversos organismos que han solicitado a las autoridades estatales intervenir para evitar una escalada de violencia en el municipio chiapaneco.

Este caso subraya la tensión constante entre los proyectos de desarrollo urbano y la protección de los derechos territoriales de las comunidades indígenas en Chiapas. Mientras el Frayba exige el cese inmediato de los actos de hostigamiento, la administración municipal ha declarado que buscará alternativas para regularizar la situación bajo el marco legal vigente. La comunidad afectada espera que la mediación de instituciones estatales permita una resolución que garantice su permanencia y el respeto a su identidad cultural.