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Exjefe de la DEA solicita extradición del gobernador Rubén Rocha Moya

Derek Maltz, exdirectivo de la DEA, instó a las autoridades estadounidenses a solicitar la extradición del gobernador de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Redacción Cobertura MX
Foto: sdpnoticias.com

Derek Maltz, quien ocupó cargos directivos en la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), hizo un llamado público para que el gobierno estadounidense solicite formalmente la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La petición surge tras señalamientos sobre presuntos nexos entre el mandatario estatal y estructuras del Cártel de Sinaloa, un tema que ha cobrado relevancia en la agenda de seguridad transfronteriza en los últimos meses.

El planteamiento de Maltz se enmarca en la creciente presión de agencias de inteligencia extranjeras por profundizar las investigaciones sobre la infiltración de grupos delictivos en las instituciones de gobierno en México. Según el exfuncionario, existen elementos suficientes para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos inicie un proceso legal contra el gobernador, basándose en información obtenida mediante investigaciones judiciales recientes en cortes de aquel país.

Hasta el momento, ninguna autoridad del Gobierno de México ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han emitido una postura oficial respecto a esta petición de carácter internacional. El gobernador Rocha Moya ha rechazado en diversas ocasiones, a través de sus canales institucionales, cualquier tipo de vínculo con organizaciones criminales, calificando las acusaciones como parte de una estrategia mediática en su contra.

Este escenario coloca nuevamente bajo la lupa la coordinación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, especialmente en lo relativo a la cooperación judicial. La posible solicitud de extradición representa un punto de tensión diplomática, mientras la Fiscalía General de la República mantiene sus propias investigaciones sobre diversos actores políticos en el noroeste del país.

El desarrollo de este proceso dependerá de las determinaciones del Poder Judicial en Estados Unidos y de la respuesta que el Estado mexicano ofrezca ante los requerimientos de información. Por ahora, el debate se mantiene en el ámbito de las declaraciones públicas y el análisis de los expedientes que las autoridades estadounidenses han integrado en fechas recientes.

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