Exigen justicia para mineros desaparecidos y mayor seguridad en Sinaloa

Representantes del sector minero y familiares de trabajadores desaparecidos en Sinaloa han alzado la voz este sábado para exigir justicia y el esclarecimiento de los casos de violencia que afectan a sus comunidades. La demanda central busca que las víctimas no se conviertan únicamente en una estadística, subrayando la urgencia de localizar a los mineros desaparecidos y aplicar justicia contra los responsables de los homicidios registrados en la entidad. La crisis de inseguridad en las zonas extractivas ha escalado en los últimos meses, impactando la estabilidad laboral y la integridad física de quienes desempeñan estas labores en regiones remotas del estado.

Ante este escenario, la industria minera ha dirigido una petición formal al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para establecer protocolos de seguridad reforzados. Los empresarios solicitan una intervención coordinada entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las fuerzas federales para salvaguardar las rutas de transporte y las instalaciones mineras. La propuesta presentada por el sector enfatiza la necesidad de una presencia permanente de la Guardia Nacional en los puntos de mayor riesgo para disuadir la operación de grupos delictivos que mantienen bajo presión a los trabajadores del gremio.

Por su parte, los colectivos de búsqueda han instado a las autoridades locales y federales a no abandonar las investigaciones en curso. En su solicitud, plantean que se destinen mayores recursos técnicos y humanos para la búsqueda en campo, así como una colaboración estrecha con la Fiscalía General de la República (FGR) para fortalecer las carpetas de investigación. El objetivo es romper con el ciclo de impunidad que, según los afectados, ha prevalecido durante los últimos años en las áreas rurales de Sinaloa.

El gobierno federal ha señalado que se encuentra evaluando la situación de seguridad en el sector extractivo como parte de su estrategia nacional de pacificación. A través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), se proyecta abrir mesas de diálogo con los representantes de las empresas y los familiares para atender las demandas específicas de protección. La industria minera confía en que estas acciones puedan derivar en condiciones operativas más seguras, permitiendo que la actividad económica se desarrolle sin el riesgo constante de actos violentos contra el personal.