Empleados sindicalizados de Nayarit denuncian persecución legal por exigir prestaciones laborales

Diversos grupos de trabajadores sindicalizados en Nayarit han denunciado ante medios locales una serie de acciones legales emprendidas por el gobierno estatal, encabezado por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Los afectados sostienen que, tras realizar manifestaciones públicas para exigir el cumplimiento de prestaciones laborales y mejores condiciones de trabajo, han enfrentado procesos judiciales abiertos por la Fiscalía General del Estado bajo el cargo de apología del delito.

Los trabajadores señalan que estas denuncias penales han servido como mecanismo para justificar despidos masivos y desarticular las movilizaciones gremiales en la entidad. Según reportes de los propios empleados, el uso de la estructura de procuración de justicia estatal ha generado un clima de incertidumbre, donde la exigencia de derechos contractuales es interpretada por las autoridades locales como una conducta delictiva que debe ser sancionada por la vía penal y no mediante el diálogo laboral.

Representantes de los sindicatos afectados han manifestado que este actuar representa una violación a sus derechos fundamentales de libre asociación y expresión. Argumentan que el gobierno estatal ha optado por la vía de la criminalización de la protesta social para evitar atender los pliegos petitorios que incluyen revisiones salariales y el pago de adeudos históricos en distintas dependencias gubernamentales.

Hasta el momento, los procesos judiciales se mantienen en curso en diversas instancias estatales, mientras los trabajadores afectados continúan buscando la intervención de autoridades federales y organismos defensores de derechos humanos. Por su parte, el equipo de comunicación del gobierno estatal ha señalado en ocasiones anteriores que las acciones de la Fiscalía responden estrictamente a denuncias interpuestas por presuntas afectaciones al orden público y a las vías de comunicación durante las protestas.

La situación en Nayarit ha puesto bajo la lupa la relación entre la administración estatal y los organismos sindicales, quienes exigen el cese de las carpetas de investigación. Mientras tanto, el conflicto se mantiene latente, con los trabajadores insistiendo en que el acceso a la justicia y el respeto a sus condiciones laborales no deben ser motivo de persecución penal en el ejercicio de sus funciones públicas.