El testamento vital y la designación de representante legal previenen conflictos familiares

La mayoría de los mexicanos asume que conservará su capacidad de decisión hasta el final de sus días, sin considerar que el deterioro cognitivo, como el causado por el Alzheimer, puede invalidar la voluntad de una persona ante la ley. Ante este escenario, especialistas del Colegio Nacional del Notariado Mexicano advierten que la falta de una previsión legal clara suele derivar en conflictos familiares complejos, donde los seres queridos se ven imposibilitados para gestionar el patrimonio o las decisiones médicas del afectado.

La figura clave para enfrentar esta situación es el poder notarial para actos de administración y dominio, así como la designación de una voluntad anticipada. Al formalizar estos documentos ante un fedatario público mientras la persona aún conserva sus facultades mentales, se garantiza que los deseos del paciente sean respetados. Este trámite permite que un familiar o persona de confianza actúe legalmente en nombre del enfermo, evitando así la necesidad de iniciar juicios de interdicción, los cuales suelen ser prolongados y desgastantes para el núcleo familiar.

En el contexto mexicano, la legislación civil exige que la designación se realice con absoluta claridad y ante la fe pública para que tenga validez plena. Los notarios enfatizan que este paso no debe interpretarse como una pérdida de control personal, sino como un ejercicio preventivo de responsabilidad. Al contar con un representante legal facultado, se asegura la continuidad en la administración de bienes y se facilita el acceso a los servicios de salud requeridos sin trabas burocráticas.

El Poder Judicial ha señalado en diversas instancias la importancia de proteger la dignidad de las personas con discapacidad cognitiva mediante instrumentos de apoyo. La recomendación de los expertos es aprovechar las jornadas de asesoría legal y las campañas notariales que se realizan periódicamente en diversas entidades federativas. Actuar de manera oportuna es la única vía para reducir la incertidumbre jurídica que suele acompañar a las enfermedades neurodegenerativas en México.