El huachicol fiscal: la herencia operativa tras la reforma energética de 2013
La apertura del mercado de combustibles en 2013 permitió la proliferación de esquemas de evasión fiscal mediante la importación ilegal de hidrocarburos disfrazados de aditivos.

La estructura legal derivada de la reforma energética de 2013 facilitó el surgimiento del denominado huachicol fiscal, un esquema de evasión de impuestos que se consolidó durante la crisis sanitaria por COVID-19. Autoridades federales detectaron que diversas empresas utilizaban la importación de combustibles bajo la clasificación arancelaria de aditivos para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el IVA, aprovechando las lagunas en la regulación del comercio exterior de hidrocarburos.
Este modus operandi consistía en declarar ante la SHCP y el SAT que los cargamentos eran productos químicos distintos a la gasolina o el diésel, lo que permitía su ingreso al territorio nacional sin cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes. La falta de controles estrictos en las aduanas y la dispersión de permisos otorgados durante años previos permitieron que este mercado negro de hidrocarburos creciera de manera exponencial, afectando directamente la recaudación pública y la competencia leal en el sector energético.
Desde la perspectiva de las autoridades actuales, este fenómeno es una consecuencia directa de la desregulación excesiva que permitió a actores privados operar bajo esquemas poco transparentes. La estrategia de fiscalización se ha centrado en fortalecer la vigilancia en las aduanas y endurecer los requisitos para la importación de combustibles, buscando cerrar las puertas a las empresas que simulan operaciones comerciales para evadir sus responsabilidades tributarias.
El combate a esta práctica continúa siendo una prioridad para la Secretaría de Energía y el SAT, mediante la integración de operativos interinstitucionales. La meta es recuperar los ingresos fiscales perdidos y garantizar que todo el combustible que circula en el país cumpla con las normas de calidad y contribución fiscal establecidas en la legislación vigente, evitando así la competencia desleal contra las operaciones de PEMEX.
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