Documentan hallazgo de más de cinco mil fosas clandestinas en México

Un reciente estudio académico ha documentado el hallazgo de 5,152 fosas clandestinas en el territorio mexicano durante el periodo comprendido entre 2006 y agosto de 2026. La investigación, que sistematiza registros de colectivos de búsqueda y datos oficiales, subraya la persistencia de la crisis forense que afecta a diversas entidades federativas del país, marcando una problemática que ha trascendido los cambios de administración federal.

El análisis introduce el concepto de “zona gris” para describir aquellos casos donde existen indicios de interacción, omisión o colusión entre actores estatales y grupos delictivos. Según los autores, este marco teórico permite comprender cómo la estructura institucional ha facilitado, en ciertos contextos, la operación de redes que utilizan fosas clandestinas para ocultar víctimas de desaparición forzada, desafiando la capacidad de respuesta de las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República.

La metodología utilizada destaca que la distribución de estos sitios no es uniforme, concentrándose en regiones donde la disputa territorial entre organizaciones criminales ha sido constante durante las últimas dos décadas. Las cifras presentadas buscan visibilizar la magnitud de la crisis humanitaria, la cual ha obligado a familias y colectivos a realizar labores de búsqueda en condiciones de riesgo extremo, ante la falta de una política integral de búsqueda efectiva por parte de las autoridades.

Especialistas que participaron en el estudio señalan que los datos deben servir como punto de partida para fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las comisiones estatales de búsqueda. La propuesta central de los investigadores es la creación de un sistema nacional forense que garantice la identificación de restos humanos bajo estándares internacionales y protocolos de transparencia que eviten la manipulación de las cifras oficiales.

Finalmente, el documento advierte que la cifra de 5,152 sitios podría ser conservadora debido a la dificultad de acceso a zonas controladas por el crimen organizado y a los subregistros en las carpetas de investigación. El informe concluye con un llamado al Congreso de la Unión para revisar los mecanismos de supervisión sobre las instituciones de seguridad pública y fortalecer la protección a los buscadores que continúan recorriendo el país en busca de sus familiares.