Cómo solicitar al Gobierno de CDMX indemnización por daños por baches

Al caer la tarde en la Ciudad de México, el tráfico se intensifica y la lluvia comienza a ocultar los peligros en el pavimento. Es en este escenario donde un bache puede convertirse en un problema costoso para cualquier automovilista al provocar la ponchadura de una llanta o daños en la suspensión. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con un mecanismo de responsabilidad patrimonial para que los ciudadanos afectados puedan reclamar una indemnización por los daños ocasionados por el mal estado de la infraestructura vial.

Para iniciar el proceso de reclamación, es fundamental actuar de inmediato en el lugar de los hechos. El primer paso consiste en solicitar la presencia de la policía de tránsito o, en su defecto, contactar al número de emergencias para que un elemento de seguridad tome conocimiento del incidente. Es indispensable que el afectado no mueva el vehículo ni repare el daño antes de que el peritaje sea realizado, ya que esto es necesario para acreditar que el desperfecto fue causado directamente por la infraestructura urbana.

El conductor debe presentar ante la Secretaría de Administración y Finanzas o la dependencia correspondiente una serie de documentos que avalen la propiedad del vehículo y la identidad del propietario. Entre los requisitos básicos se encuentran una identificación oficial vigente, la tarjeta de circulación, comprobante de domicilio y, si es posible, fotografías del bache y de los daños sufridos por el automóvil. La autoridad evaluará las pruebas presentadas para determinar la procedencia de la reparación del daño.

Es importante recordar que este derecho está fundamentado en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. Las autoridades invitan a los ciudadanos a reportar los baches a través de las plataformas digitales oficiales y el sistema de atención ciudadana para prevenir futuros incidentes. Aunque el proceso requiere paciencia y recolección de evidencias, constituye la vía legal establecida para que los automovilistas no asuman el costo total de los daños causados por la falta de mantenimiento en las vialidades.