Adrián LeBarón rechaza solicitud de diez años para implicado en masacre familiar

Adrián LeBarón, integrante de la familia afectada por los hechos violentos ocurridos en noviembre de 2019 en los límites de Sonora y Chihuahua, expresó públicamente su rechazo hacia la postura de la Fiscalía General de la República (FGR). Según lo señalado por el activista, la institución ha solicitado una condena de diez años de prisión para uno de los sujetos procesados por su presunta participación en el ataque donde perdieron la vida nueve integrantes de la familia, entre ellos varios menores de edad.

La inconformidad de LeBarón radica en la severidad de la pena propuesta, la cual considera insuficiente ante la gravedad de los delitos cometidos en aquella jornada en la sierra de Bavispe. A través de sus pronunciamientos públicos, el representante de la familia ha enfatizado que el proceso judicial debe reflejar una justicia integral que contemple la magnitud de los daños causados, argumentando que las penas dictadas hasta el momento no cumplen con las expectativas de las víctimas indirectas.

El caso, que ha seguido un largo curso en los tribunales federales, ha sido objeto de constantes señalamientos por parte de la familia LeBarón, quienes han mantenido una presencia activa en el seguimiento de las investigaciones y los procesos penales en contra de los detenidos. La FGR, por su parte, continúa con la integración de los expedientes bajo el marco legal vigente, buscando acreditar la responsabilidad de los implicados mediante las pruebas presentadas ante los jueces de control.

Representantes de la familia han reiterado que seguirán agotando las instancias legales necesarias para que las sentencias sean acordes a la realidad de los hechos. Asimismo, han solicitado a las autoridades federales una mayor transparencia y celeridad en los procesos restantes, con el objetivo de evitar que la impunidad prevalezca en uno de los episodios más críticos de violencia en la región norte del país en los últimos años.

Este nuevo capítulo en la búsqueda de justicia pone de relieve las tensiones persistentes entre las víctimas y las autoridades encargadas de la procuración de justicia en México. Mientras la FGR sostiene su estrategia jurídica en las pruebas recabadas, la familia LeBarón mantiene su postura de exigir una revisión de las penas para garantizar que los responsables enfrenten consecuencias proporcionales a las afectaciones causadas.